Familias de personas desaparecidas denuncian el desamparo de la Administración y las dificultades económicas, legales y psicológicas que afrontan durante años.
Antena 3
La desaparición de un ser querido marca un antes y un después. Para las familias comienza una búsqueda llena de incertidumbre que, en algunos casos, puede prolongarse durante años. Pero mientras esperan respuestas, tienen que enfrentarse a otra realidad: un sistema burocrático que, aseguran, no está preparado para afrontar las consecuencias de una desaparición. Pensiones, impuestos, obligaciones económicas, trámites legales o acceso a ayuda psicológica. Gestiones que, lejos de facilitar la situación de los familiares, pueden convertirse en un nuevo obstáculo en medio de un duelo sin respuestas.
Josefa desapareció en Jaén en 2021. Su familia comunicó a la Seguridad Social que, a pesar de su desaparición, seguían recibiendo su paga. Según relatan los hijos de Josefa, no obtuvieron respuesta. Cinco años después, tras ser declarada fallecida, llegó una carta de parte de la Seguridad Social. La Administración les reclamaba la devolución de más de 20.000 euros.
«Gracias a Dios mi padre tenía ese dinero. Si no lo tiene, ¿qué?», explica Jesús, hijo de Josefa. Una cantidad que supone un duro golpe para una familia que durante años ha convivido con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su madre. Jesús también plantea otra cuestión sobre los derechos que tiene su padre, y que parece que la Administración no tiene en cuenta: «Si mi madre lleva más de seis años desaparecida, tendrán que darle sus seis años de viudez, ¿no?».