La decisión del archivo del caso Yéremi Vargas porque, según el juez instructor, «no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas”, tiene el efecto inmediato de liberar a Antonio Ortega, Juan El Rubio, de la imputación que pesaba sobre él como presunto autor de la desaparición de Yéremi.
Pero a ese efecto jurídico hay que añadir otro aún más relevante si cabe: el mazazo emocional para la familia de Yéremi y, por extensión, para las miles de personas que se han sentido identificadas con su dolor desde el primer momento y durante los diez años transcurridos. Un duro golpe que más allá de las emociones afecta también a la razón por la perplejidad y la confusión que genera el concepto mismo de archivo. En el sentir popular es sinónimo de cierre, de punto final. ¿Cómo no percibirlo así cuando el mismo juzgado lo ha denegado?
Sin embargo, el auto incluye más adelante una orden explícita a la Policía Judicial para que las investigaciones continúen y una advertencia a la Guardia Civil por haber manifestado “que no llevarán a cabo diligencias de investigación que no sean las ordenadas por el juez”. De esta forma, el orden de las responsabilidades queda inequívocamente establecido. Lo siguiente, lo deseable para la familia y para la opinión pública, sería escuchar a los mandos de la UCO asumiendo este mandato como necesaria continuación de la esforzada labor desplegada durante toda una década. Lo siguiente es dar forma cuanto antes a un Estatuto de la Persona Desaparecida que elimine el concepto mismo de archivo y dote de una nueva base jurídica a la investigación de las desapariciones. Para que ni el corsé de las leyes ni su frío lenguaje añada más dolor al dolor de quienes sufren la ausencia inexplicada de sus seres queridos y solo reclaman su derecho a saber.
Paco Lobatón